VIABILIDAD DE PROYECTOS SÓLO CON CERTIDUMBRE VÍA TRANSPARENCIA
Todo proyecto de inversión público, privado o mixto requiere para su viabilidad de claridad en sus estrategias de operación, financiamiento y promoción. A fin de evitar al máximo riesgos para el proyecto y “arreglos sobre las rodillas” es necesaria una comunicación efectiva, eficaz y eficiente, de otro modo inversionistas siempre mejor informados optarán por otros destinos para poner en marcha el rendimiento de sus inversiones; si no que le pregunten al ex presidente Vicente Fox cuando en 2003 invitó al sector privado a sumarse al proyecto para invertir 360 millones de dólares en la construcción de la Terminal 2 del aeropuerto capitalino, y al cual nadie se sumó (más que como proveedores) (*). Al dinero, dicen, no se le puede engañar.
¿Qué es lo que faltó entonces? Claridad en el proyecto. A un país, como a cualquier institución, dependencia, poder federal o nivel de gobierno le hace falta esa credibilidad para avanzar en sus proyectos de inversión, pero también en sus proyectos políticos que van de la mano de sus políticas públicas (obras de infraestructura, programas asistenciales, obras, servicios, seguridad, etcétera).
¿A dónde quiero llegar? A resaltar que la Ley Federal de Transparencia acaba de ser decretada en 29 estados firmantes (incluida la ahora Ciudad de México, y pendientes aún Chihuahua y EdoMex) como obligatoria, pero a partir de ya, en cuanto a brindar una solución tecnológica que permita homologar las condiciones de accesibilidad a la gente, lo que agarró a todos los entes obligados de sorpresa (salvo pocas excepciones) y cuya sistematización y disposición de toda información no reservada tendrá que estar ahora sí disponible de acuerdo a los estándares y lineamientos homologados a nivel nacional. Al menos las autoridades en la materia brindaron una prórroga de seis meses para que en noviembre se cumplan absolutamente las disposiciones establecidas, aunque hay que subrayar que deben ser, desde ya, atendidas para su cumplimiento.
**A la sociedad ahora tampoco se le puede engañar (ya no tan fácilmente)
Una de las conquistas de la sociedad democrática es haber logrado una Ley de Acceso a la Información y una Ley General de Transparencia, que data ya como esfuerzo institucional desde 2009, con las que se creó la obligatoriedad de que instituciones y órganos diversos se volvieran más transparentes en el manejo de sus operaciones, sus finanzas y resultados. Los medios de comunicación y la sociedad misma pudieron tener acceso a cierta información antes manejada bajo total secrecía o bajo un manto oscuro producto de corruptelas o al menos a causa de una falta de sistematización en el manejo de la información que debía ser pública.
La tarea ahora es obligatoria en todos aquellos sujetos obligados de los tres niveles de gobierno, así como en órganos desconcentrados, autónomos tanto del poder ejecutivo, como legislativo y judicial y diversas instituciones, incluyendo el Banco de México, sindicatos, fondos, fideicomisos y las universidades públicas.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información estableció una prórroga que vence en noviembre, cuando todos los funcionarios de estas dependencias, órganos, instituciones, fideicomisos, partidos políticos y poderes deberán estar incorporados al sistema de de transparencia mediante el portal (www.plataformadetransparencia.org.mx), donde el público podrá consultar con un sólo registro (y no como antes cuando se requerían diversos medios de acceso ante la falta de coordinación con los estados y el entonces Distrito Federal) toda aquella información no reservada por cuestiones de seguridad nacional, por juicios inconclusos, que pusieran en riesgo la integridad física de las personas o por ser información no abierta al público.
La protección de datos personales es una reserva que se contempla como derechos constitucional fundamental. Si bien falta mucho que hacer para pulir esta Ley, sólo mediante la práctica podrán irse perfeccionando esta obligatoriedad que derivó de observaciones internacionales, cuyos órganos de financiamiento mundial (el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) determinaron en cierta medida (aunque con condicionamientos para el otorgamiento de créditos a nuestro país) la observación de mejores y mayores prácticas de transparencia y acceso a la información, lo que conllevaría a contrarrestar la corrupción rampante por muchos documentada.
Así, los medios de comunicación se habrían vuelto un elemento esencial en la búsqueda de información, cuyo acceso al principio fue muy limitado por las acotaciones y trabas pero que actualmente se han reducido ante la reducción de esas reservas y de trámites ahora más simples. Investigadores y académicos contarán también con mejores mecanismos de acceso a la información pública y así como los periodistas, no necesariamente deberán contar con un área especializada en solicitud de información, avezados más en la jerga judicial o el lenguaje especializado para esas tareas y que aún así no contaron en su oportunidad con acceso a información solicitada.
Como reportero, columnista y articulista de varios medios he pasado por esas tareas. Conocer el otro lado del escritorio como funcionario público en áreas de información y comunicación social o corporativa ha permitido también conocer las necesidades y límites en el manejo de la información. A final de cuentas es información estratégica, es conocer los tiempos, la oportunidad de los datos, el valor que contiene en un contexto determinado. Como estudioso de la comunicación esta Ley General y el reglamento que deriva generan un mayor vínculo entre la vida institucional y la sociedad en su conjunto.
La nueva Ley General de Transparencia pondrá a todos a trabajar a marchas forzadas. Seis meses pareciera mucho pero ante la falta de sistematización de los archivos y datos, la oferta de información, no sólo obligatoria sino la que deberá brindarse sin contratiempos sea motu proprio o mediante solicitud, existe un reto superior que es el de brindar certeza y garantía a la ciudadanía. Y subrayo: la transparencia debe ser extendida a todo proyecto que involucre no sólo recursos económicos sino también esfuerzos para la construcción de un país que requiere más que nunca del trabajo conjunto, pero sobre todo de certidumbre, de transparencia y de legalidad, para así aspirar a un sistema de justicia.
Obras emblemáticas del sexenio como el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, requieren en los hechos de total transparencia con información documentada, más que enunciada en los medios; los medios deben explorar y corroborar toda aquella información de interés público mediante estos mecanismos de garantía y acceso a la información pública. El nivel de confianza no sólo repercutirá en el ánimo de inversionistas, sino también de un electorado cada vez más pendiente de temas relevantes aunque también expuesto a la desinformación y a la ola de rumores que buscan distraer y confundir, cuando lo que requerimos es de un rumbo con certidumbre y de órganos que garanticen los avances en nuestra sociedad.
Más allá del discurso, debemos ejercitar el músculo: para que haya mayor oferta y calidad de información debemos habilitar mayor demanda. Comunicar mejor no obstante el rompimiento de paradigmas que con las redes sociales han derivado, no en una sociedad mejor comunicada sino a la que le hace falta (y que busca) información oportuna y con valor agregado.
(*)Con la cancelación de proyectos magnos de infraestructura no sólo hubo pérdidas en el capital político, también se perdieron inversiones, generación de 0desarrollo, reactivación económica sobre todo en la industria de la construcción, principal indicador de la economía. Para muestra están la fallida Escalera Náutica del Mar de Cortés, en el sexenio de Ernesto Zedillo; el aeropuerto en Texcoco, con Vicente Fox; el aeropuerto de Playa del Carmen y Ensenada, en el de Felipe Calderón y el Fallido tren México-Querétaro del gobierno actual.
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