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En la Opinión de Fernando Gómez Suárez
10 sept 2021
El avión presidencial
seguirá pagándose aunque no se use. El presupuesto de egresos de la Federación para
2022 contempla reactivar los pagos del
Boeing 787 por 331 millones de pesos. A esos 331 sumemos 45 millones por mantenimiento y operación sólo
para el próximo año, repito, aunque la
aeronave no se use.
El llamado TP01 costó 5
mil 792 millones de pesos. Se ha pagado casi el 60% y faltan por pagarse 2 mil
552 millones.
Tras la frustrada rifa de
dicho avión sin el avión hace ya un año se programaron 100 premios de 20 millones de
pesos cada uno para hospitales y escuelas.
De ese dinero que
supuestamente se utilizaría para equipo médico en hospitales sólo hay una hoja en Excel donde se
anota sin comprobantes concretos la recepción de tales montos en las unidades ganadoras de
los cachitos del sorteo de la Lotería. Medicinas siguen faltando y el
mantenimiento también incluso por la reconversión de ciertas unidades
hospitalarias.
A ello súmele los costos
de traslado aéreo en líneas comerciales del presidente y su staff de
aproximadamente 35 personas, lo que dependiendo de la distancia promedian los
250 mil en cada viaje.
Los gastos son mayores
al no usar el avión presidencial, pero sobre todo el riesgo no sólo de la
figura presidencial que, no obstante lo establecido en materia de seguridad nacional, extiende ese riesgo a los
demás pasajeros.
Por ello, no puede
entrar a Estados Unidos si no es en avión oficial o privado, precisamente porque
implica un costoso y complicado esquema de protección aunque el presidente de
México desista o se niegue como puede hacerlo a voluntad en nuestro país, mas
no en el extranjero donde ejercen su respectiva soberanía.
Es menos costoso para el
erario público utilizar el avión presidencial, más seguro para el presidente y
su staff, pero sobre todo para los pasajeros. Hagamos cuentas
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